A un día de la finalización oficial del Censo Nacional Agropecuario, el Instituto Nacional de Estadística (INE) a través del Coordinador Nacional de ese registro Marco Muñoz, admitió algunas deficiencias en el proceso de empadronamiento, pero afirmó que hubo una destacada participación de los productores en todo el país. El operativo se inició en Jesús de Machaca-La Paz el 29 de septiembre pasado y convocó el trabajo de 8.849 personas, a escala departamental, municipal y en las comunidades.

La cartografía censal es una de las deficiencias en el empadronamiento que se arrastra desde el Censo Nacional de Población y Vivienda 2012. Las brigadas de empadronamiento recibieron una cartografía del año 2008 para hacer el registro. Cuando se llegaron a las comunidades tuvieron que actualizar esa información con ayuda de los productores, como sucedió en la comunidad Marca del municipio de Coroico. Allí la jefa de brigada Edmi Vianei Quispe, explicó que tenían "el derecho de actualizarla porque cada año se incrementan las viviendas".

Guillermo Quenta, jefe de brigada de una de los segmentos censales en San Andrés de Machaca, explicó que en todas las comunidades en que trabajó su equipo actualizó "los lugares que no estaban tomados en cuenta, tanto los cerros como los ríos, o caminos y el nombre de las estancias. Hemos actualizado en todas las comunidades".

Esta labor no fue fácil en todos los casos: Quispe afirma que en algunas comunidades el croquis fue uno de los "problemas significativos" debido a que "los dirigentes o las mismas personas de las comunidades no quieren brindar información o colaborarnos con la ubicación de las viviendas".

A pesar de aquello, Muñoz afirmó que ese material formará parte "de la cartografía actualizada". Además explicó que cada comunidad tiene un punto georeferencial que es registrado, precisamente, por el jefe de brigada.

Censo en la comunidad

Fundación TIERRA pudo constatar que en la comunidad Marca, los empadronadores no visitaron las unidades productivas agropecuarias (UPA) y censaron a los comunarios en la sede de la comunidad, aprovechando que estaban reunidos en una asamblea.

Quispe explicó que debido a contratiempos en algunas comunidades su brigada no pudo cumplir el cronograma de trabajo trazado al inicio del empadronamiento y que contemplaba las 13 comunidades de su área censal.

"Durante nuestro trabajo se presentaron problemas de límites entre dos comunidades. Ese problema se solucionó en una semana. En otra comunidad hubo un conflicto porque había dos secretarios generales de la misma organización y no sabíamos cómo llenar la Boleta Comunal".

Pedro Cruz Villazante, secretario General de Marca explicó que los comunarios propusieron la idea de realizar el censo en la comunidad aprovechando la asistencia de los productores a la asamblea mensual ordinaria. "Lastimosamente se está llenando acá por no perder esta oportunidad", afirmó el dirigente.

Muñoz sostuvo que esa no era una práctica deseable, pero que ese procedimiento no invalidaba la metodología del empadronamiento. Consultado sobre si esa forma de trabajo se repitió en alguna otra parte del país dijo: "Es difícil. Son 20 mil comunidades (en todo el país), son 339 municipios. Es difícil tener el control absoluto de todo esto. Pero en más de una comunidad puede haber sucedido".

Susceptibilidad por impuestos

Algunos de los comunarios tenían la idea, bastante común frente a los censos y encuestas, de que el censo agropecuario serviría para cobrar impuestos. Eso fue patente, sobre todo en los primeros días del operativo, según explican Quispe y Quenta por separado.

Edmi Quispe comentó que al principio hasta el 70 u 80 por ciento de las personas en Coroico tenían la idea de que el censo agropecuario era para cobrar impuestos. La situación cambió con la socialización que hicieron a través de las autoridades de los sindicatos agrarios y la distribución de material impreso. Guillermo Quenta explicó que en San Andrés de Machaca se optó por hablar con las autoridades originarias de los ayllus y en todas las reuniones previas al inicio del empadronamiento.

Los empadronadores sufrieron el rechazo de los productores. Quispe comentó que en algunos casos les cerraron las puertas y hubo un comunario que liberó a sus perros para hacer correr a los funcionarios del INE.

Más de 90 por ciento de avance

Hasta la fecha el INE informó que los empadronadores terminaron su labor en Oruro, Chuquisaca y Pando. Se espera que hasta mañana los otros departamentos completen el registro censal. En algunos lugares de Beni y Santa Cruz la labor se extenderá por unos días más. Pero, hay algunos lugares en los que el Censo no pudo ingresar, es el caso de la comunidad Centro Capi del municipio de Escara en Oruro. Allí, según Muñoz, la mitad de la comunidad no acepta el censo y por tanto no se podrá contar con los datos de esos productores que representan aproximadamente 50 familias.

En el distrito 8 de Chuquisaca algunos ayllus pensaron que el censo podía desestructurar sus organizaciones productivas y eso provocó temores en los comunarios. "Pero es un porcentaje bajísimo", según Muñoz.

En una evaluación preliminar, Muñoz afirmó que hubo un alto nivel de participación en todos los departamentos y que los empadronadores contaron con la colaboración de las organizaciones de productores.

El Censo Nacional Agropecuario terminará a mediados de noviembre sin subsanar algunas deficiencias técnicas detectadas en la etapa pre-censal y confirmadas en el período de empadronamiento. La ausencia de una cartografía actualizada es una de esas carencias. Los empadronadores también enfrentaron la susceptibilidad de los propietarios respecto del censo y por ende debieron aceptar la información inexacta que proporcionaron sobre la cantidad de ganado.

Actualización

Las brigadas de empadronamiento debieron actualizar la cartografía en las comunidades de todos los segmentos censales, además de recibir las respuestas de los productores.

En uno de los tres segmentos censales del municipio de San Andrés de Machaca, los empadronadores tuvieron que actualizar los datos de la cartografía proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). "... en base a eso estamos actualizando los lugares que no estaban tomados en cuenta, tanto los cerros como los ríos, o caminos y el nombre de las estancias. Hemos actualizado en todas las comunidades", afirma Guillermo Quenta, que es responsable de una de las brigadas de ese lugar.

Según Quenta, que es oriundo de ese municipio, lo mismo que los empadronadores, en la cartografía faltaban los nombres de las estancias, de las unidades educativas y "nada más". Esta labor, sin embargo, no perjudicó el empadronamiento, explica el responsable.

En el municipio de San Andrés de Machaca existen 53 comunidades según los datos proporcionados por ese gobierno local y allí trabajan tres brigadas conformadas por 5 personas cada una. San Andrés está dividido en dos markas: Aransaya y Urinsaya, cada una de las cuales tiene tres ayllus.

Pero para el trabajo censal, se dividió en tres segmentos basados en la anterior división territorial por cantones. El primero comprende los cantones de Laquinamaya, Centro Mauri y Villa Pusuma. Integran el segundo segmento Sombra Pata, Chuncarcota y Chucacollo. El tercero está conformado por San Andrés de Machaca, Artasivi y Nazacara.

Susceptibilidades originan datos inexactos

Aunque en general los resultados del proceso censal en San Andrés son positivos por la respuesta favorable de la población, las brigadas tropezaron con dificultades tales como la susceptibilidad de algunos productores que en el inicio del censo pensaban que la información recabada serviría al gobierno para el cobro de impuestos.

"En los primeros días los productores dijeron que el censo era para cobrarles impuestos. Pero hemos socializado y hemos tenido una respuesta favorable en cuanto a sus ganados y cultivos", explica Guillermo Quenta.

Sin embargo, la susceptibilidad de los productores se hizo evidente en los datos inexactos que proporcionaron respecto de la cantidad de ganado que poseen. "Los productores de ganado tenían miedo de responder la cantidad exacta de ganado. Nos respondían con el 50 a 70 por ciento de todo su ganado. Nunca nos dieron la respuesta sobre todo", afirma Quenta.

¿Qué se puede hacer frente a esos datos erróneos? Al parecer nada. "Nosotros poníamos el dato que ellos nos daban porque en la capacitación (impartida por el INE) nos dijeron que no podíamos alterar aunque viéramos que tenían más", explica el responsable de brigada.

Adicionalmente, los datos de superficie del ayllu Collana, perteneciente al cantón Artasivi, no pudieron ser registrados en las boletas censales debido a que las comunidades de ese ayllu están en proceso de saneamiento de tierras y al parecer los comunarios aún no recibieron la información del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Estos casos representan aproximadamente el 20 por ciento (112) de las propiedades empadronadas.

Quenta ezplica que "...todo el cantón Artasivi estaba en proceso de saneamiento desde hace dos o tres años. En Collana, hasta el momento, ni las autoridades originarias saben cuantas hectáreas tienen. Así en blanco nomás estamos poniendo. Tal vez (el INRA) no les han dado todavía (los datos) porque en el Ayllu Collana todos han sido saneados".

Como sucede con los datos del ganado, el INE instruyó para casos "de casas desocupadas debemos poner tal como están en la parte de observaciones de la boleta censal", explica el jefe de la brigada.

Porcentajes difíciles

El llenado de la boleta comunal también presenta dificultades por las operaciones que hay que realizar para registrar los datos, según el responsable de brigada Guillermo Quenta. "Todavía no hemos terminado, hay que revisar. Este fin de semana vamos a tener un cabildo para terminar. Lo difícil es sacar porcentajes de cultivo, los habitantes por comunidad y su cantidad de ganado", asegura Quenta.

Rendimiento

A pesar de estas adversidades, desde el 1 de octubre Quenta y sus brigadistas lograron empadronar 562 propiedades en los tres ex cantones que trabajan. Se trasladaron a pie, predio por predio y aún les falta censar alrededor de 50 propiedades.

Se organizaron de tal forma que cubrieron esa cantidad de propiedades en horarios matinales desde las 06 de la mañana hasta las 10 como máximo debido a que es época de siembra y los comunarios se trasladan a sus parcelas, y también a sus áreas de pastizales para ganado.

En un contexto global en el que producir y exportar soya es un gran negocio en el corto plazo, hasta ahora Bolivia –felizmente- ha sido parte marginal en este emprendimiento de escala planetaria. Cada año Brasil siembra 29 millones de hectáreas de soya, Argentina 20, Paraguay 3 y Uruguay 1.5, mientas que Bolivia cultiva un millón de hectáreas desde hace casi una década.

El anuncio de un pacto entre empresarios agropecuarios y el gobierno el 11 de julio de este año, para ampliar la frontera agrícola del país de 3 millones de hectáreas a 13 millones hasta el año 2025, supone cuadruplicar la superficie sembrada en Bolivia en apenas 12 años. Constituye una clara apuesta para formar parte de la liga mayor de exportadores de granos, agrocombustibles y carnes, con todo lo que ello implica.

¿Qué es el agronegocio?

El agronegocio lidera la tendencia  del capitalismo moderno caracterizado por la institucionalización de formas de gobernanza globales centradas en la producción y comercialización de commodities agropecuarios.Este agronegocio es definido por las ciencias sociales como un modelo agrario o una lógica de producción que tiene las siguientes características principales:

1) la transectorialidad, entendida como mayor integración-extensión de la cadena larga de valor tanto a nivel vertical como horizontal;  2) la priorización de las necesidades del consumidor global respecto del local; 3) la generalización, ampliación e intensificación del papel del capital en los procesos productivos agrarios; 4) la estandarización de las tecnologías utilizadas, con intensificación del uso de insumos de origen industrial, especialmente agroquímicos y semillas transgénicas; y 5) el acaparamiento y extranjerización de las tierras para la producción en gran escala. (Grass Carla y Hernández Valeria, Argentina, 2013). Son cadenas globales de valor que trascienden lo agropecuario y abarcan finanzas, acceso ilimitado a la tierra, producción, transformación, almacenamiento, exportaciones y comercio, hasta el consumo final (Piñero Diego, Uruguay, 2013).

¿Quiénes gobiernan el agronegocio?

En América Latina y más específicamente en el Cono Sur (Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia) el conjunto de empresas transnacionales llamadas ABCD (ADM, Bunge, Cargill, Dreyfus, además de Amaggi en Brasil) son los agentes centrales de este modelo (Pereira Leite Sergio, Brasil, 2013). Su actividad se va adecuando a las demandas y a los precios de los commodities, lo que ha dado lugar al denominativo de flex crops o cultivos flexibles entendidos como aquellos lo suficientemente versátiles como para ser destinados a la producción de comida para humanos (food), comida para animales (feed), materia prima para agrocombustibles (fuels) y fibras para textiles (fibers) (FAO, Dinámicas del mercado de la tierra en América Latina y el Caribe. Concentración y Extranjerización, 2012). Junto con las empresas de investigación genética y de producción de semillas como Monsanto, Sygenta y otras, este conjunto de actores son los protagonistas del agronegocio de inicios del siglo XXI, en tiempos de globalización planetaria, financiera y productiva de los commodities. Estas empresas transnacionales que actúan en red, han demostrado fehacientemente que tienen el suficiente poder para subordinar las políticas públicas de los estados que aprueban leyes y normas favorables al modelo.

Neo latifundio asociativo transnacional

Estamos en presencia de veloces innovaciones en la forma de producir, transformar, comerciar y consumir alimentos (Guibert Martine, Francia, 2013). La agricultura empresarial es ahora la agricultura en redes, con múltiples actores, financieros, comunicacionales, científicos, productivos, políticos y millones de consumidores de commodities transformados en alimentos industriales. Así, la tierra es una mera mercancía, independientemente de la soberanía nacional o de la identidad cultural y medioambiental (Grass Carla y Hernández Valeria, 2013).

En los países del Cono Sur –incluida Bolivia- ahora no existe límite al tamaño de la propiedad de la tierra de las empresas por la vía asociativa. Es normal encontrar muchas megaempresas (sociedades o grupos empresariales, como El Tejar, Mónica, Amaggi y otras) que poseen y cultivan –en distintos lugares y países- más de un millón de hectáreas y cuyos presidentes son, al mismo tiempo, gobernadores, senadores o diputados, todos ellos multimillonarios y políticos poderosos. Estas megaempresas abarcan actividades directamente productivas de granos, semillas, insumos químicos, transformación en aceites, harinas y tortas, agrocombustibles y carnes, así como en el transporte y hasta el procesado industrial de los derivados para el consumo final. El acaparamiento de tierras y su acelerada extranjerización por parte de compañías, empresas y sociedades de lugares ajenos a América Latina, especialmente de la Unión Europea, de la China y otros países asiáticos y emiratos árabes, está marcando la desaparición del concepto de soberanía nacional en materia agro alimentaria.

La soya domina el agronegocio

En la Argentina el 6% de los productores producen el 80% de los granos, solo 11 empresas concentran el 51% de la molienda, 7 empresas el 70% del aceite, mientras el tamaño de las explotaciones latifundiarias va creciendo y el número de las empresas disminuye. En Uruguay 5 empresas transnacionales concentran el 80 % del total de las exportaciones de granos, el 50% de las tierras dedicadas a la soya son alquiladas y el capital financiero es más importante que el capital productivo (Arveletche Pedro, Uruguay, 2013).

Una cuarta parte del total de las exportaciones de la Argentina son del complejo soyero y el 50 % de la producción agropecuaria es soya. Todas las unidades y los pooles trabajan en redes de megaempresas conectadas con los fondos financieros internacionales. En el Brasil, ahora el mayor productor de soya del mundo, se espera que la cosecha del año 2013-2014 sea de 89.7 millones de toneladas en una superficie de 29.3 millones de hectáreas (OCDE-FAO, Perspectivas agrícolas 2013-2022).

Retorno del rentismo

A las gigantescas compras de tierras, acompaña el masivo y extendido alquiler de tierras que es también una característica del agronegocio que está reponiendo en América Latina a clases sociales rentistas que habían desaparecido con las reformas agrarias de mediados del siglo pasado. Los rentistas de la tierra (disfrazados, ocultos, invisibles) son una nueva clase social y política asociada al agronegocio. Varios pueblos indígenas y sus territorios en el Brasil han sido funcionalizados al modelo y algunos han firmado contratos con las grandes empresas soyeras, cañeras o ganaderas (Amaggi), para ceder en arriendo sus tierras al agronegocio a cambio de atractivos dividendos. Líderes indígenas, algunas ONG, fundaciones, defensores de los derechos indígenas y del medio ambiente, pero principalmente los promotores de la agricultura familiar sostenible, son identificados por el agronegocio y por los nuevos rentistas de la tierra como los enemigos a los que hay que desacreditar y acallar.

La farándula esconde los impactos ambientales del agronegocio

El montaje mediático de las megaempresas agropecuarias ha logrado construir una imagen favorable ante las sociedades de los países del Cono Sur mostrando a este modelo como portador de modernidad, bienestar, seguridad alimentaria, generación de empleo, de divisas, y de importantes transferencias de bonos sociales a los más pobres de nuestras sociedades. Sin embargo, los graves efectos en la salud de la población y en el medio ambiente no logran ser ocultados a través de las costosas campañas comunicacionales del modelo. En la región,  la fumigación aérea es indiscriminada, la desforestación–desertificación de vastas zonas de la amazonia y del Chaco está descontrolada, emergen súper malezas resistentes al glifosato, el valor proteico de la soya disminuye, hay mayores y generalizadas inundaciones y sequías, crece la polarización económica y social en los territorios locales, ocurren cambios irreversibles en la economía política de los territorios y cada vez hay mayores conflictos con indígenas, campesinos. Está claro que este modelo es social y ambientalmente insostenible. Además, en este sistema los medianos y pequeños productores simplemente no tienen lugar.

Principales cambios en el Cono Sur

En la región, los aumentos en la producción no se deben al aumento de la productividad sino a la ampliación de la frontera agrícola que va de la mano de la transnacionalización de las empresas y al incremento del capital extranjero que ha tomado la delantera. Ahora en Brasil, el procesamiento de los granos ya no es el principal destino de la producción de soya como lo fue hasta hace cinco años. Al mismo tiempo que China y EEUU aumentan notablemente su capacidad de molienda de los granos que importan del Cono Sur, Brasil y Argentina la disminuyen (Wesz Junior, Valdemar Joao Brasil, 2011). La producción y exportación de carne de la Argentina ha disminuido dramáticamente, al contrario de Brasil, Paraguay y Uruguay donde ha aumentado.

En el territorio brasilero, a lo largo de la frontera con Bolivia, especialmente en los Estado de Matogrosso y Matogrosso del Sur, principales estados productores de soya -más grandes que todo el territorio de Bolivia-, el bosque amazónico continúa siendo arrasado en aras de expandir los sembradíos de soya para biodiesel, caña de azúcar para etanol y pasturas artificiales para la cría de ganado. Cierta tendencia a la complementariedad del negocio de la soya y la carne, con la producción de caña de azúcar, alcohol, metanol y diesel, acelerados por la demanda mundial de agro combustibles resultante de pactos y acuerdos internacionales para el uso de energía no convencional, estaría marcando nuevos rumbos a este modelo empresarial.

Reprimarización de la economía o la desaparición de la soberanía

Lo paradójico es que son los gobiernos progresistas quienes mantienen intactas las políticas que determinaron el retroceso industrial de nuestros países promovido por el neoliberalismo hace tres décadas, prefiriendo cobijar al modelo del agronegocio, conviviendo con él y aceptando sus presiones por ampliar la frontera agrícola mediante la descontrolada deforestación y el uso generalizado de agroquímicos y semillas transgénicas (Pereira Leite Sergio, Brasil, 2013). Están deslumbrados con los beneficios a corto plazo de la explotación de los recursos naturales, sacrificando el futuro. Este es un signo de la profundización del neoliberalismo extractivista en nuestros países.

El informe de la OCDE-FAO, Perspectivas Agrícolas 2013-2022, resalta que América Latina es el espacio más favorable del mundo para este agronegocio globalizado por su disponibilidad de tierras aptas. El año 2022, el continente americano (USA, y Cono Sur) proveerá al mundo del 93% de las exportaciones mundiales de soya y China continuará siendo el principal importador, a pesar de la disminución de la velocidad de su crecimiento. El mundo depende de América Latina para proveerse de soya y dependerá aún más en los próximos años.

El modelo se expande hacia Bolivia

Desde el agronegocio afincado principalmente en Brasil y Argentina se mira a Bolivia como un territorio natural para la expansión del agronegocio. Si bien Bolivia forma parte del modelo –aunque de manera marginal- en nuestro país hay todavía grandes superficies de bosques originarios en propiedad de territorios indígenas, parques y reservas. El agronegocio de la soya en Bolivia tiene una superficie de apenas un millón de hectáreas y con algunas particularidades propias, como la participación de cerca de 14.000 pequeños productores familiares colonizadores de origen aymara y quechua integrados al modelo bajo la modalidad de agricultura por contrato, situación que –sin embargo- es vista por los especialistas internacionales como anormal y transitoria, y que tendería a desaparecer con el tiempo. En Bolivia la productividad es mucho menor (2.3 TM/ha mientras que en Brasil o Argentina supera las 3 TM/ha) y los fletes del transporte a cualquier puerto del pacífico o del atlántico suben los costos por lo menos en un 30 % (ANAPO - CAINCO, varios informes institucionales).

Agenda patriótica 2025: pacto productivo revolucionario a la boliviana

Todo lo anterior sirve para iluminar el contexto en que –el 11 de julio de 2013 en las instalaciones de la CAINCO en Santa Cruz de la Sierra- se ha logrado un acuerdo entre el empresariado agropecuario y el gobierno de Bolivia para cambiar la historia agroalimentaria y agroexportadora del país mediante la ampliación de la frontera agrícola -en los próximos 12 años- de 3 a 13 millones de hectáreas para producir 45 millones de toneladas de alimentos -seguramente la gran mayoría soya- la mitad para consumo interno y exportar la otra mitad para alimentar al mundo (IBCE. Comercio Exterior Nº 214). Claro que esa meta tiene una serie de condicionantes exigidas por el sector entre las que destacan: la mantención de la subvención al precio del diesel, millonarias inversiones públicas en hidroenergía, mantener el no cobro de impuestos a la propiedad de la tierra, mantener el no cobro de un impuesto a las exportaciones de soya y derivados, diferir el cobro del IVA a las importaciones de bienes de capital, garantizar el suministro de gas a la industria, liberación total de las exportaciones, respeto al artículo 315 de la CPE que legaliza el latifundio asociativo sin límite alguno, aprobación de una ley contra el avasallamiento de tierras, pausa de cinco años para la verificación de la FES, transparentar el saneamiento de tierras, incluir entre las causales para la verificación de la FES las inversiones privadas en infraestructura, que el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) investigue y provea de conocimientos para nuevos eventos de semillas transgénicas, autorizar el uso de semillas transgénicas no solo para la soya sino para el maíz, el arroz y el algodón, que EMAPA sea un complemento y no un desleal competidor y que los trámites ante el INRA sean expeditos. Si esa larga lista de condiciones –exigencias- son cumplidas por el gobierno, las empresas estarían dispuestas a invertir 3 mil millones de dólares en los siguientes doce años y así se lograría ese salto revolucionario (IBC, Comercio Exterior, Nº 214).

Hay otras opciones

En síntesis, los perdedores netos de la expansión del modelo del agronegocio en Bolivia serán las generaciones futuras, ya que nuestros recursos naturales y bio sistemas serán aniquilados en aras de la tasa de ganancia de los fondos de pensiones y de los consorcios financieros mundiales. Al exportar soya estamos exportando bosques vírgenes -que en 20 años se convertirán en arenales- y ese es un pésimo negocio. Nos parece muy bien que el gobierno priorice la producción agropecuaria y aumente la inversión pública para el desarrollo agropecuario. No estamos en contra de la empresa agropecuaria, ni siquiera de la inversión extranjera en el agro, pero no podemos olvidar que Bolivia es el país de menor productividad por hectárea en América Latina en casi todas las actividades agrícolas y pecuarias tanto en oriente como en occidente. Por tanto –antes de ampliar la frontera agrícola- tenemos un desafío aún mayor y consiste en producir mejor, con más eficiencia, con mayores rendimientos, con modelos más amigables con el medio ambiente. Antes de continuar impulsando los monocultivos de soya, quinua o coca, debemos diversificar la producción ecológica en modelos de finca y de manejo de bosques de menor escala ya sea de propiedad privada, asociativa o comunitaria, que generen empleo y fortalezcan la identidad de nuestros pueblos y productores agropecuarios, con mayores niveles de autonomía y autogobierno local y regional, en oriente y occidente. El desarrollo sostenible es más lento, requiere de mayores pactos, de mayores concertaciones, de mayor respeto por nuestros recursos naturales y especialmente de mayor visión estratégica de futuro.

[1] Este texto ordena los apuntes de la participación del autor, en representación de Fundación TIERRA, en el taller organizado por el Programa de Estudios Rurales y Globalización (peryg) de la Universidad Nacional de San Martín en Buenos Aires, Argentina, junto con un selecto equipo de investigadores de los cinco países del Cono Sur, los primeros días de octubre de 2013. Agradezco las sugerencias de Juan Pablo Chumacero, Mamerto Perez, Rubén Martinez , Wilfredo Plata y Floriana Soria Galvarro.

El agronegocio en Bolivia, articulado principalmente al cultivo de la soya en Santa Cruz, tiene ahora el desafío de cuadruplicar la frontera agrícola hasta 13 millones de hectáreas para producir 45 millones de toneladas de "alimentos" y generar un millón de empleos hasta el año 2025, contribuyendo supuestamente así a la seguridad y a la soberanía alimentaria del país.

Aprovechando la información presentada en el II Foro Andino Amazónico de Desarrollo Rural, llevado a cabo en septiembre en la ciudad de La Paz con presencia de expertos de ocho países, es necesario hacer algunas precisiones sobre el tema.

En nuestro país, ampliar la frontera agrícola implica automáticamente deforestación. Buena parte de las tierras con aptitud para agricultura intensiva está ya cultivada y las áreas de uso mixto disponibles, normalmente bosques, requieren de un tratamiento cuidadoso y consciente, muy diferente a lo que tradicionalmente se ha dado en el norte integrado y las tierras bajas del este en Santa Cruz. Entre 2000 y 2010 la pérdida de cobertura boscosa para cultivos de soya fue de 1.8 millones de hectáreas, con una pérdida anual de 205 mil hectáreas. Con esta tendencia, para el 2013 se habrán perdido aproximadamente 2.5 millones de hectáreas, con los correspondientes impactos en el aumento de probabilidad de desastres naturales como sequías, inundaciones e incendios forestales en toda la región, tal como se ha visto en los últimos años.

Además, hay que recordar que el 95% de la soya nacional es transgénica, vale decir, modificada genéticamente para sobrevivir a la aplicación del herbicida agroquímico del glifosato, que es cada vez más indiscriminadamente utilizado y que tiene impactos cada vez más visibles en cuanto contaminación de aguas y agravamiento de enfermedades respiratorias y gastrointestinales en las poblaciones que viven cerca de los cultivos.

También es fundamental aclarar que la soya no contribuye directamente a la soberanía alimentaria nacional. De toda la producción de soya, el 80% se destina principalmente a torta de soya, y la mayoría se exporta para alimento balanceado de ganado vacuno, porcino y aves en el exterior. El 20% restante se convierte en aceite y de este monto, sólo una quinta parte se queda en el país para ser utilizado por las familias bolivianas. Por otro lado, la superficie dedicada al cultivo de alimentos básicos como la papa, el trigo y el maíz, es insuficiente para cubrir la demanda nacional (importamos el 60% del trigo consumido cada año y la importación de papa peruana es creciente) y es seis veces menor que la superficie cultivada de soya cada año. La incongruencia es evidente.

El agronegocio soyero tampoco es un gran generador de empleo. Su carácter eminentemente mecanizado y de producción a escala ligada a los ciclos de siembra y cosecha supone trabajo principalmente temporal donde el número de trabajadores es considerablemente menor a otros cultivos. En países vecinos como la Argentina y el Brasil, una hectárea de soya requiere 4 horas de trabajo directo por año mientras que otros cultivos agroindustriales como el algodón o el olivo necesitan de 150 horas y 250 horas de trabajo por año por hectárea respectivamente. La comparación es más aguda si se considera el nivel de empleo generado por la agricultura familiar campesina.

Adicionalmente, es bueno considerar que la agroindustria no contribuye notoriamente al erario nacional. En la Argentina las retenciones e impuestos estatales a las exportaciones de soya representan un 35% de su valor y generan anualmente ingresos al Tesoro argentino por cerca de 10 mil millones de dólares; en nuestro país el aporte de la agricultura, la silvicultura, la caza y la pesca en conjunto, apenas representa el 0.8% del total recaudado en el mercado interno en 2012 (Memoria Impuestos Nacionales 2012). Sin embargo, a pesar de ello, el sector agroindustrial desde hace más de 20 años, es uno de los más beneficiados con políticas estatales como las inversiones públicas en carreteras, las preferencias arancelarias en mercados vecinos, la casi nula exigencia de pago de impuestos (a la tierra, a las exportaciones) y la vigencia de fuertes subsidios indirectos, como es el caso del diesel. (Por cada litro, el Estado paga Bs 5,84 para que el precio interno del diesel se mantenga en Bs 3.72). Sin todo ese apoyo estatal (que los bolivianos también pagamos), el sector soyero no podría competir en los mercados externos, ya que tiene uno de los rendimientos más bajos de la región (alrededor de 2 TM de soya por hectárea) y los costos de producción son más elevados.

Con todo ello, resulta evidente para cumplir los retos planteados en el inicio, hay todavía mucho por hacer. El desafío de lograr la seguridad y la soberanía alimentaria nacional debe ser compartido con todos los sectores productivos de la sociedad, en un proceso consensuado en el cual, colectivamente decidamos cómo utilizar la tierra y nuestros recursos naturales para producir alimentos de consumo nacional, estableciendo claramente qué alimentos se producen, quiénes los producen, dónde se lo hace y fundamentalmente cómo se lo hace. Este gran acuerdo, fundamental para los retos que nos impone el fututo, aún está pendiente.