OPINIÓN Y ANÁLISIS

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La Defensoría del Pueblo y 125 organizaciones de la sociedad civil advirtieron que la creciente confrontación en Bolivia no solo está agravando el desabastecimiento y la tensión so...

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Las organizaciones indígenas y campesinas que protagonizaron la “Marcha por la Defensa de los Bosques de la Amazonía y la Seguridad Jurídica de los Territorios Indígena Originario ...

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Alrededor de 70 organizaciones de la sociedad civil boliviana —entre ellas la Fundación TIERRA— suscribieron un pronunciamiento público conjunto en el que rechazan las descalificac...

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Marchistas indígenas y campesinos activaron protestas en La Paz contra la Ley 1720, exigiendo su abrogación tras casi un mes de caminata. En paralelo, diputados presentaron un recu...

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La marcha por la defensa de los Bosques de la Amazonía y la Seguridad Jurídica de los Territorios llegó a La Paz y enfrenta una situación crítica en Urujara. Al menos 50 marchistas...

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Llegaron a Yolosita con ampollas en los pies, dolores musculares, algunos con vómitos y jaqueca después de cruzar el Choro. Decenas de hombres y mujeres e incluso niños llevan 22 d...

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Cien metros adelante de todos, Ernesto Peinado Durí camina solo. No por castigo ni por protocolo, sino porque alguien tiene que ir primero, leer el camino, medir el peligro, decidi...

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A través de una nota formal, el Bloque de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (BOCINAB) solicitó a la Rectora de la Universidad Mayor de San Andrés...

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Un proyecto de ley corta ingresado a la Asamblea Legislativa Plurinacional exige la abrogación total de la Ley N° 1720 —de conversión de la pequeña propiedad a mediada— que fue pro...

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Organizaciones indígenas, originarias y campesinas —reunidas en el Encuentro Nacional por la Tierra y Territorio— dieron 48 horas al Gobierno para responder a sus demandas, incluid...

Gonzalo Colque
¿Hasta dónde el gobierno está dispuesto a llegar para que la crisis fiscal acabe recayendo sobre la población? En los últimos meses, ha adoptado varias medidas silenciosas, no solo pateando la deuda externa hacia adelante, sino también desentendiéndose de sus propias obligaciones financieras con los bolivianos.

Juan Pablo Chumacero R.
La abrogación de la Ley 1720 de conversión de la pequeña propiedad agraria en mediana propiedad, ocurrida el 13 de mayo de 2026, constituye uno de los episodios políticos y agrarios más significativos de los últimos años en Bolivia. No solamente por la rapidez con la que una norma fue aprobada y posteriormente anulada —apenas 33 días después de su promulgación— sino porque el conflicto evidenció, una vez más, las profundas tensiones que atraviesan la estructura agraria boliviana y la fragilidad de los equilibrios políticos construidos alrededor de ella.

El ajetreado recorrido de la Ley 1720

La trayectoria de esta ley refleja con claridad los problemas que acompañaron su nacimiento. Se trató de un proyecto que permaneció durante años sin tratamiento en la Asamblea Legislativa, hasta ser repuesto y modificado sustancialmente bajo fuerte influencia de representantes de la agroindustria. Posteriormente, fue aprobado en la Cámara de Diputados durante la semana regional (con asambleístas suplentes), sin atender las numerosas solicitudes de socialización y debate formuladas por organizaciones campesinas e indígenas. Más tarde, la norma fue promulgada por el presidente del Estado en una feria agropecuaria ante los máximos representantes del sector, un hecho que terminó reforzando la percepción de que la ley respondía prioritariamente a intereses corporativos específicos.

La reacción social no tardó en aparecer. Diversas organizaciones campesinas e indígenas denunciaron que la norma atentaba contra principios fundamentales de la problemática agraria nacional y representaba posibles amenazas a comunidades y territorios. La marcha que partió desde Pando hacia la ciudad de La Paz exigiendo la abrogación de la ley terminó convirtiéndose en el símbolo más visible de ese rechazo. Aun así, el sector agroindustrial y varios de sus representantes políticos mantuvieron una férrea defensa de la norma hasta el último momento.

Finalmente, el gobierno optó por retroceder y abrogar la ley. La ...

Esteban Sánjinés
Ante la aprobación, en la Cámara de Diputados, del proyecto de ley de abrogación de la ley 1720 sobre la conversión voluntaria de la pequeña propiedad agraria en mediana, el senador Branko Marinkovic, principal promotor de la ley 1720, propone modificarla de tal manera que sean las Comisiones Agrarias Departamentales (CAD) las instancias que definan si dicha norma se aplica en cada departamento. Según el legislador nacional, condicionar la aplicación de la ley a la decisión de las Comisiones Agrarias Departamentales es una acción democrática y autonómica. Sin embargo, este planteamiento es inconstitucional, invade competencias, debilita el régimen agrario y desmonta la narrativa de inversión segura para el agro.

El canto de la sirena

La propuesta se vende como democrática y autonómica. Repartir la decisión sobre la Ley 1720 a las nueve Comisiones Agrarias Departamentales, dicen sus defensores, acerca el poder al territorio y suma control social.

El problema de la novedosa propuesta es que no respeta la Constitución. Vulnera tres candados de la Constitución Política del Estado (CPE).

El Art. 298.II.30 de la CPE establece que el régimen de la tierra es competencia exclusiva del nivel central del Estado. La Ley 031 de Autonomías, Art. 87.I.3, lo confirma. El Estado central es quién define la política de tierras, su clasificación, sus límites y su titulación.

Delegar la competencia de decidir sobre la tierra también se enfrenta con el Art. 158.I.3 de la CPE que establece que solo la Asamblea Legislativa Plurinacional dicta leyes. Delegar esa función a nueve comisiones departamentales configura “delegación legislativa”, que ya fue observada como inconstitucional por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 0084/2006.

Una ley nacional rige para todo el país. No existe en el ordenamiento jurídico boliviano la figura de decidir departamentalmente si una ley nacional se aplica o no en su jurisdicción. Las leyes se cumplen nacionalmente no se plebiscitan por territorio.

La tierra ...

Gonzalo Colque
Todo hacía pensar que, por fin, había llegado el momento esperado: la presentación del presupuesto 2026 “reformulado desde cero”. El evento anunciado por el Ministerio de Economía se realizó en un hotel de Calacoto. Pero los asistentes, probablemente salieron igual o más confundidos que quienes siguieron la transmisión en línea.

TIERRA
El 9 de abril de 2026, el presidente del Estado promulgó la Ley Nº 1720, mediante la cual se faculta al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a ejecutar la conversión voluntaria de la pequeña propiedad agraria en mediana propiedad. Desde su anuncio, la norma ha suscitado un intenso debate público, generando posturas encontradas entre organizaciones campesinas, sectores productivos y analistas. Mientras algunos la consideran una oportunidad para acceder a créditos y dinamizar la producción, otros advierten que sus implicaciones podrían afectar la seguridad de la familia campesina, la organización comunitaria y el equilibrio ambiental.

Gonzalo
El presidente Rodrigo Paz no solo tiene la facultad, sino la responsabilidad constitucional de examinar con lupa cada ley antes de su promulgación. Cuando el contenido de una norma vulnera principios fundamentales o abre la puerta a la legalización de ilícitos, su deber no es firmar, sino observarla y devolver al Legislativo con fundamentos que resguarden el Estado de derecho y el interés nacional por encima de cualquier presión circunstancial o sectorial.

Gonzalo Colque
Uno de los grandes retos que enfrentan los alcaldes electos es frenar el crecimiento del gasto corriente. No se trata de un dato contable cualquiera, sino de un síntoma preocupante: los municipios han ido perdiendo musculatura para invertir en obras y, en cambio, están ganando grasa que termina atrofiando el funcionamiento de la burocracia municipal.

Gonzalo Colque
La propuesta del 50/50 ha repuesto la descentralización fiscal en el centro del debate político. Lleva el sello de su inventor, Rodrigo Paz, quien la presentó como una solución clara e intuitiva a un problema estructural del país. En el actual contexto electoral, el tema incluso está marcando la agenda y orientando las promesas de los aspirantes a alcaldes y gobernadores. Sin embargo, un examen algo juicioso, muestra que estamos ante una ilusión política que promete demasiado y, al mismo tiempo, desvía el debate de asuntos que realmente importan. 

Raúl Fernández
La región amazónica del norte de La Paz es un espacio territorial de biodiversidad y contradicciones. Un territorio de “gran potencial para el desarrollo sostenible”pero condicionado por desafíos históricos de acceso a la tierra, a la tecnología y a los modelos productivos. En este contexto, la historia de vida de la productora Magaly Quispe Coronel es un testimonio que refleja una transformación socioecológica posible donde el reencuentro con la naturaleza y la tierra se convierte en la semilla de un proyecto de vida resiliente y sostenible.

Gonzalo Colque
Hay un dato revelador que reconfigura el tablero económico: en los últimos dos años, Potosí se ha convertido en el principal departamento exportador. Sin estridencias, está cambiando el mapa exportador de Bolivia.

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