NOTAS TIERRA

La Defensoría del Pueblo y 125 organizaciones de la sociedad civil advirtieron que la creciente confrontación en Bolivia no solo está agravando el desabastecimiento y la tensión social, sino también debilitando los espacios mínimos de entendimiento entre distintos sectores del país.

Las organizaciones indígenas y campesinas que protagonizaron la “Marcha por la Defensa de los Bosques de la Amazonía y la Seguridad Jurídica de los Territorios Indígena Originario Campesinos” rechazaron de forma categórica las denuncias de que su movilización estaría financiada o dirigida por organizaciones no gubernamentales (ONG) u otros actores externos.

A través de una nota formal, el Bloque de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (BOCINAB) solicitó a la Rectora de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), María Eugenia García Moreno, que la institución brinde acogida solidaria a aproximadamente 2.000 personas que arribarán a La Paz en el marco de la Marcha por la Defensa de los Bosques de la Amazonía y la Seguridad Jurídica de la Tierra y Territorio.

Alrededor de 70 organizaciones de la sociedad civil boliviana —entre ellas la Fundación TIERRA— suscribieron un pronunciamiento público conjunto en el que rechazan las descalificaciones, la estigmatización y las amenazas dirigidas contra organizaciones no gubernamentales (ONG), fundaciones y entidades sin fines de lucro, y reafirmaron su papel como defensoras de derechos humanos y actoras del desarrollo.

Marchistas indígenas y campesinos activaron protestas en La Paz contra la Ley 1720, exigiendo su abrogación tras casi un mes de caminata. En paralelo, diputados presentaron un recurso de inconstitucionalidad ante el TCP, mientras la Fundación TIERRA ratificó su respaldo a la movilización y advirtió riesgos para territorios y derechos agrarios.

La marcha por la defensa de los Bosques de la Amazonía y la Seguridad Jurídica de los Territorios llegó a La Paz y enfrenta una situación crítica en Urujara. Al menos 50 marchistas de la delegación de la CPMB presentaron complicaciones de salud la noche del 1 de mayo, mientras avanzaban por el sector de la cumbre, en dirección a la Sede de Gobierno.

Llegaron a Yolosita con ampollas en los pies, dolores musculares, algunos con vómitos y jaqueca después de cruzar el Choro. Decenas de hombres y mujeres e incluso niños llevan 22 días caminando desde Pando. Este jueves, el frío de la altura comenzó a golpear a quienes nunca lo habían sentido. Pero la marcha no paró ni se detendrá. Su objetivo es el mismo, la abrogación de la Ley 1720 y el respeto a la pequeña propiedad. Y para no ser juzgados con otra finalidad, decidieron que no se mezclarán con otras movilizaciones, no desviarán su causa.

Cien metros adelante de todos, Ernesto Peinado Durí camina solo. No por castigo ni por protocolo, sino porque alguien tiene que ir primero, leer el camino, medir el peligro, decidir si la carretera es de los marchistas o de los camiones que vienen sin avisar. Es su avanzada. No va desapercibido. Lleva consigo su bandera en la mano y así ha caminado veintidós días. La prueba de su periplo son sus ampollas que quedaron en su cuerpo por su marcha entre asfalto, piedras y tierra.

Un proyecto de ley corta ingresado a la Asamblea Legislativa Plurinacional exige la abrogación total de la Ley N° 1720 —de conversión de la pequeña propiedad a mediada— que fue promulgada el 9 de abril de 2026, por contener cuatro vicios que la hacen incompatible con la Constitución Política del Estado (CPE). La iniciativa llega en medio de una creciente presión social con una marcha indígena-campesina que poco a poco va acercándose a La Paz y que suma, cada día, a diversos sectores en su lucha.

Organizaciones indígenas, originarias y campesinas —reunidas en el Encuentro Nacional por la Tierra y Territorio— dieron 48 horas al Gobierno para responder a sus demandas, incluida la abrogación de la Ley 1720. El pliego contempla cinco puntos sobre tierra y territorio y advierte con movilizaciones si no hay respuesta.