La ley 157 de conversión de la pequeña propiedad a mediana y empresarial era la primera prueba de fuego de este alcance que el primer mandatario tenía sobre su escritorio.
El problema sustantivo es que esta ley se sostiene sobre una premisa falsa: que beneficiará a campesinos, indígenas y pequeños propietarios que trabajan personalmente la tierra. La evidencia muestra lo contrario. En realidad, sus principales beneficiarios son grandes agroempresarios que, durante años, simularon legalidad aprovechando vacíos del régimen agrario para la titulación como si fueran pequeñas propiedades. No son hechos aislados, sino un patrón de conducta recurrente que forma parte de los males que corroen los pilares fundamentales de nuestra sociedad.
Cientos de miles de hectáreas fueron deliberadamente fraccionadas en supuestas “pequeñas propiedades ganaderas” de hasta 500 hectáreas. La información catastral y las imágenes satelitales ofrecen pruebas contundentes. Son miles de predios divididos, pero contiguos que mayormente están concentrados Santa Cruz y Beni. Bajo la apariencia legal de pequeñas propiedades, se legalizaron cientos de latifundios encubiertos, medianas y grandes propiedades que fueron pretendidas por años con expedientes agrarios viciados de nulidad.
No solo vulneraron la ley agraria, sino que convirtieron el fraude en rutina, la simulación en el mecanismo institucionalizado y el cumplimiento de la norma en la excepción. Un sistema en donde se castiga el cumplimiento y se premia la trampa. Por ejemplo, un mediano productor que se niega a disfrazarse de pequeño, es considerado un peligro para los que sí lo hacen. Y, si hace lo contrario, goza de reconocimiento y es aplaudido por quienes tienen valores invertidos.
La ley 157 no corrige esta realidad deforme, sino que la consagra. Abre un camino directo al blanqueo de tierras registradas a nombre de “palos blancos” que figuran en el catastro como pequeños propietarios. Esto no involucra únicamente a acaparadores y antiguos latifundistas del oriente, sino también a operadores políticos del anterior gobierno que recibieron tierras como prebenda política. Promulgar esta ley equivale a retirar la última piedra que se interpone para la legalización del tráfico, avasallamiento y acaparamiento de tierras.
Por lo visto, el acto de promulgar también se ha convertido en una simulación de Estado de derecho, en una rutina sin sentido ni valor, donde el deber presidencial de estudiar la norma a promulgar, observar y eventualmente vetarla cuando corresponda, ya es un mero trámite, uno propio del Estado tranca que pretende desmontar del Decreto 5595.
Gonzalo Colque es investigador de la Fundación TIERRA.
Artículo publicado en: Visión 360, Brújula Digital, Rimay Pampa, Urgente.Bo, Sumando Voces