El investigador Sanjines hace un aporte para el análisis sobre el acceso a la propiedad de la tierra y el territorio. Su visión oscila entre lo “formal y lo legítimo”.

En la gestión 2013 el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) atravesó problemas financieros que pusieron en peligro la continuidad de su trabajo y afrontó conflictos por tierras que perjudicaron su labor, informó su director ejecutivo, Juanito Tapia García. En 2013 el INRA debió concluir el proceso de saneamiento de 106.771.041 hectáreas, iniciado en 1996.

En 1992 se descubrió uno de los mayores casos de corrupción que se haya conocido en la gestión pública. El entonces diputado Miguel Urioste, puso en el tapete público el caso denominado Bolibras al denunciar documentadamente una apropiación ilícita de 96.337 hectáreas en el municipio Pailón, en la provincia cruceña de Chiquitos, por parte del entonces ministro de educación de esa época. 21 años después el gobierno boliviano retoma el caso determinando el saneamiento de tierras de los predios que conforman Bolibras con el objetivo de redistribuirlas. Pero el valor más importante de aquella denuncia es, como dice el investigador de Fundación TIERRA, Wilfredo Plata, que se convirtió en "un hito en la historia agraria de Bolivia porque fue el punto de quiebre de la Ley de Reforma Agraria de 1953".

La conciliación familiar y la incorporación de tecnología apropiada a la gestión de los derechos de propiedad en las comunidades del altiplano paceño ayudan a reducir el minifundio. Este hecho fue comprobado por el equipo de la oficinal regional Altiplano de Fundación TIERRA, explicó el especialista en temas agrarios Esteban Sanjines, en el seminario “Gestión local del catastro rural” realizado el 10 de mayo en el paraninfo de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).