Ayer se celebró un aniversario más de la Reforma Agraria iniciada en 1953. Al cabo de 61 años, el proceso, según la Fundación Tierra, está inconcluso y una muestra es que hasta diciembre de 2013 sólo 225 mil hectáreas de empresas habían sido revertidas al Estado boliviano durante los 18 años de saneamiento.
Según el director de la Fundación, Juan Pablo Chumacero, para hablar de una reforma agraria contemporánea es hora de buscar alternativas factibles que consideren los retos del cambio climático, las economías globalizadas, la presión comercial por la tierra, el desarrollo sostenible y la soberanía alimentaria.
El imaginario nacional respecto de lo que implica una reforma agraria está fuertemente marcado por la Reforma Agraria de 1953, debido a la afectación de las grandes haciendas, la eliminación del pongueaje y la distribución de esas tierras a los campesinos quechuas y aymaras que trabajaban como arrenderos.
Para ver lo que sucede en la actualidad, según Chumacero, se debe evaluar si la segunda reforma agraria tiene realmente este carácter redistributivo.
Datos a abril de este año nos indican que un poco más de 87 millones de hectáreas fueron saneadas o se hallan en proceso de saneamiento, quedando sólo 20 millones aún sin sanear y un plazo de cuatro años para hacerlo.
Buena parte de esta superficie son tierras fiscales o que están bajo el control y dominio del Estado, que no tienen un derecho propietario sobre una persona natural o jurídica.
Las tierras fiscales llegan a 25 millones de hectáreas y en segundo lugar se hallan los territorios indígena originario campesinos (TIOC) que suman 23 millones de hectáreas. Entre estas dos categorías se llega a la mitad del área total nacional.
Hasta la fecha se han saneado y titulado también 17 millones de hectáreas en favor de comunidades campesinas o indígenas bajo la forma de propiedad comunaria y pequeñas propiedades; mientras que a abril de 2014, la superficie saneada para medianos y grandes propietarios llegaba a 13,1 millones de hectáreas.
En relación con el conjunto de la población campesina e indígena, principalmente de valles y altiplano, este proceso sólo ha implicado un reconocimiento formal, una actualización del derecho propietario sobre la tierra que ya poseían, puntualiza Chumacero.
Indígenas de tierras bajas son los más beneficiados
Según la Fundación Tierra, los grandes ganadores del proceso de saneamiento iniciado en 1996 son los indígenas de tierras bajas. "Si hubo un grupo olvidado por la Reforma Agraria de 1953 fue éste y la Ley INRA se encargó de saldar esa deuda histórica”, sostiene el investigador de la Fundación, Juan Pablo Chumacero.
De las 23 millones de hectáreas tituladas como TCO, cerca de un 60% se halla en tierras bajas.
En este caso hubo un proceso distributivo de tierras fiscales bajo el cual cerca de 200 mil indígenas de tierras bajas en general recibieron títulos de propiedad colectiva por primera vez.
Para las TCO de tierras altas, el restante 40%, el reconocimiento formal ha sido en todo caso sobre espacios que controlaban de manera ancestral.
De las 25 millones de hectáreas de tierras fiscales, alrededor de 18 millones son tierras fiscales no disponibles por ser áreas protegidas o forestales, por lo que a la fecha existen 4,6 millones de hectáreas de tierras fiscales realmente disponibles para dotación.