Derechos y Democracia. Una delegación internacional de evaluación sobre el derecho a la alimentación en Bolivia concluye que profundos desafíos siguen impidiendo los esfuerzos del Gobierno boliviano para luchar contra el hambre.
"Los miembros de la delegación han sido entusiasmados por los avances constitucionales y la voluntad del Gobierno boliviano para luchar contra la inseguridad alimentaria, y esperan que sus observaciones y recomendaciones puedan generar un debate público sobre los pasos que el Gobierno puede tomar para garantizar el derecho a la alimentación" ha dicho Lauren Ravon de Derecho y Democracia.
La misión, organizada por Derechos y Democracia en colaboración con La Coordinadora de integración de organizaciones económicas, campesinas, indígenas y originarias de Bolivia (CIOEC), empezó su trabajo el 5 de febrero y visitó comunidades afectadas por el hambre y la desnutrición en el Norte de Potosí (Llallagua, Pocoata, Macha y Colquechaca), en Cochabamba (Tapacari) y en el Chaco (Alto Parapeti). La misión realizó también entrevistas con representantes del Gobierno, la ONU y organismos donantes, movimientos sociales y pueblos indígenas.
Durante una conferencia publica en la ciudad de La Paz el lunes 14 de febrero, los miembros de la delegación presentarán algunas de sus observaciones preliminares, entre otros los siguientes:
Hasta ahora, los compromisos constitucionales para garantizar el derecho a la alimentación no se han traducido de manera adecuada en la legislación y las políticas públicas.
Aunque la misión ha observado avances en la lucha contra la desnutrición infantil, las comunidades rurales las más pobres no reciben un apoyo productivo suficiente para mejorar su alimentación.
El aumento del presupuesto nacional ha permitido una redistribución del ingreso y una disminución de la pobreza, pero problemas de avances en la ejecución presupuestaria han reducido la realización progresiva del derecho a la alimentación.
Aunque el nivel de participación popular esté sin precedentes en la historia de Bolivia, la delegación ha observado que falta trasparencia, acceso a la información y debate público en la asignación del presupuesto nacional.
La titulación de tierras indígenas en el Oriente ha sido un paso positivo pero no suficiente en sí mismo para garantizar el derecho a la alimentación de las comunidades que viven sobre estas tierras, falta apoyar con acciones concretas que vayan a disminuir la inseguridad alimentaria.
Sobre la base de estas observaciones, la delegación quiere hacer las recomendaciones preliminares siguientes:
Adoptar medidas formales para garantizar coherencia entre los compromisos constitucionales para el derecho a la alimentación y las políticas, programas y presupuestos del Gobierno.
Aumentar y gastar presupuestos en el sector productivo, y fortalecer las capacidades de los municipios para que puedan desarrollar e implementar proyectos productivos que apoyen la agricultura de subsistencia.
Utilizar los ingresos del IDH para diversificar la economía y salir progresivamente de la dependencia en la explotación de los recursos naturales.
La producción alimentaria nacional debería hacerse cuidando el medio ambiente, fortaleciendo los pequeños productores y respectando los territorios indígenas.
Además de rectificar injusticias históricas, una prioridad de la reforma de tierras debería ser la realización progresiva del derecho a la alimentación.
Aumentar espacios para el debate público en los temas de interés nacional y respectar la disensión.
Un informe final de la misión será publicado en el mes de Mayo de 2011 y será distribuido al nivel nacional e internacional.
Miembros de la delegación:
Priscilla Claeys, FIAN Bélgica – Bélgica
Gonzalo Colque, Fundación TIERRA– Bolivia
Liza María Covantes Torres, Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados de México – México
Nicholas Lusiani, Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales – EEUU
Ricardo C. Montero Pedraza, Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas, Campesinas, Indígenas y Originarias de Bolivia (CIOEC) – Bolivia
Julio Prudencio, Consultor – Bolivia
Virginia Quezada, Instituto de Formación Femenina Integral (IFFI) – Bolivia
Lorenza Quispe Alejandro, Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia (CNMCIO – Bartolina Sisa) – Bolivia
Lauren Ravon, Derechos y Democracia – Canada
Aida Ruegenberg, Asociación de Instituciones de Promoción y Educación (AIPE) – Bolivia
Carole Samdup, Derechos y Democracia – Canada
Sally-Anne Way, Centro por los Derechos Económicos y Sociales – Gran Bretaña