Pobladores y organizaciones de la sociedad civil venían cuestionando desde al menos ocho años el trabajo del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), a través de denuncias de tráfico de tierras y procesos de saneamiento que solo sirvieron para privatizar las tierras fiscales (la propiedad del Estado) a favor de “grandes intereses y poderes económicos”.
En un pronunciamiento público realizaron tres pedidos a la presidenta Jeanine Añez e incluso buscan transparentar la gestión del INRA.
El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras está encargado de definir e implementar políticas para promover, facilitar, normar y articular el desarrollo rural integral agropecuario, forestal, acuícola y de la coca, de forma sustentable.
La Fundación TIERRA estima que se distribuyeron 2,5 millones de hectáreas de bosque seco para el uso de semilla resistente a la sequía. Analistas políticos, con datos oficiales, demuestran que hubo un crecimiento del padrón electoral en la Chiquitania del 130% en 14 años.