Los bonos sociales que el Estado paga desde hace cinco años hicieron que una parte de la población cuente con mayor disponibilidad de recursos, lo que repercutió en un notable incremento en el consumo de alimentos, afirmó en un apretado balance el investigador de la Fundación TIERRA Miguel Urioste.
"Lo más importante que ha ocurrido en estos últimos cinco años es un notable aumento en el consumo de alimentos, en estos años ha habido mayor disponibilidad de dinero en manos del público, del consumidor, por los bonos Juancito Pinto, Juana Azurduy, la Renta Dignidad y otros", señaló el experto de la Fundación Taller de Iniciativas en Estudios Rurales y Reforma Agraria (TIERRA), entidad dedicada a la búsqueda de ideas y propuestas para el desarrollo rural sostenible de base indígena, originaria y campesina.
Según la explicación de Urioste, estas políticas sociales transfirieron importantes cantidades de dinero a sectores de la población de bajos ingresos (como los niños en edad escolar, los adultos mayores y las madres de familia).
Esta población, según Urioste, lo primero que ha hecho "es consumir más, más maíz, más trigo, más pan, acceder al consumo de la carne de pollo, huevo, leche y otros productos, lo que ha incrementado la demanda".
OFERTA
De manera contraria a este fenómeno, el investigador de la Fundación TIERRA sostuvo que la oferta no pudo crecer al ritmo de la demanda, por lo que "la capacidad de producir alimentos registra un retraso de hasta un año respecto de la gran demanda" en el mercado.
Este hecho, en opinión de Urioste, pudo haber sido una de las principales razones que ocasionaron el desajuste entre la demanda y oferta de productos que ocurrió en estos últimos años cuando hubo escasez en alimentos, como azúcar, maíz, pollo y otros.
El Órgano Ejecutivo afirmó que el nuevo modelo económico vigente en el país tiene como principales propósitos recuperar los recursos naturales para el Estado, además de aplicar políticas como el bono Juancito Pinto y la Renta Dignidad, que redistribuyen los ingresos nacionales a los sectores más vulnerables de la sociedad.
MÁS APOYO
Para revertir el desequilibrio entre la oferta y la demanda de alimentos, el experto sostiene que la clave está en que el Gobierno nacional continúe con sus políticas de apoyo a los grandes, pequeños y medianos productores agropecuarios.
"Hay que continuar con el estímulo de parte del Gobierno central, en la dotación de maquinaria, financiamiento, tecnología, infraestructura caminera, electrificación rural y sistemas de riego, ésa es la clave", indicó Urioste.
Para el investigador, el crecimiento de la producción de alimentos no tuvo mayor relevancia en los últimos años, si se toma en cuenta un informe del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) que muestra que la economía campesina del altiplano disminuyó su aporte a la producción agropecuaria, mientras que el oriente se consolidó como el mayor productor.
Según el Cedla, en 2005-2006 Santa Cruz concentraba el 71,9% del total de la producción nacional de alimentos, pero se incrementó a 76,8% en 2008-2009.
En el caso del occidente, este sector contribuía con el 25% del total de la producción nacional en 2005-2006, pero en 2008-2009 se redujo al 19,6% por ciento.