La ley 1715 de 1996, más conocida como Ley INRA, y que es considerada como una “segunda reforma agraria”, se quedó en el registro de tierras y no logró revertir la desigualdad en cuanto a tenencia de la propiedad, y por tanto, se trata de un proceso que debe paralizarse y reformularse.
Ésta fue la principal recomendación que hace la Fundación Tierra en su obra “Segunda Reforma Agraria: una historia que incomoda”, y que fue presentada anoche por dos de sus tres autores, Gonzalo Colque y Esteban Sanjinés, en ambientes del Centro de Estudios Superiores Universitarios (CESU). El tercer autor es Efraín Tinta.
Según Colque, la ley INRA tuvo avances, como el reconocimiento de los Territorios Comunitarios de Origen (TCO) y la intención de revertir las desigualdades de la propiedad agraria.
Sin embargo, según explicó, el “saneamiento de tierras”, un término conceptual único acuñado sólo en Bolivia para esta ley, se quedó sólo en un catastro, un registro de las propiedades.
En el discurso oficial, se les ha asignado muchas extensiones a los indígenas, “pero hay que tener cuidado”, añadió Colque, a tiempo de explicar que la mayor cantidad de tierras productivas sigue en manos de grandes empresarios. Añadió que el dilema radica en que, a diferencia de éstos, los campesinos nunca fueron vistos como un potencial de aporte económico al país.
A tiempo de hacer sus comentarios, el director del CESU, Manuel de la Fuente, elogió el aporte de la investigación y recomendó a los autores explicar en qué consisten las reformas o si el pedido apunta a pedir una tercera reforma agraria.