Manuel de la Fuente*. Hace unas semanas se presentó en el CESU el libro de Gonzalo Colque, Efraín Tinta y Esteban Sanjinés, “Segunda Reforma Agraria. Una historia que incomoda”, publicado recientemente por Tierra.
En el prólogo Cristobal Kay (fino conocedor de la problemática agraria no solamente en Bolivia, sino a nivel internacional) señala con justa razón que este libro presenta un análisis de lo más completo, detallado y actual del impacto que ha tenido la Ley INRA de 1996 y la Ley de “Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria” promulgada en el 2006. Leyes que han tenido un fuerte impacto sobre el desarrollo de la economía y sociedad rural del país.
Este libro es importante, porque está relacionado con la problemática de la pobreza rural, de un grupo poblacional todavía muy importante de la población boliviana. Con un sector como señalan los autores, de “campesinos e indígenas que no poseen suficientes tierras cultivables no tienen muchas alternativas productivas ante la expansión y el predominio de la agroindustria en el oriente boliviano –cada vez más controlada por capitales transnacionales– que expone a los pobres rurales a condiciones de fragilidad y acentúa más su situación de marginalidad y subordinación”.
Así mismo, porque está vinculado con la cuestión de la seguridad y soberanía alimentaria, y nuevamente cito a los autores cuando señalan que el “modelo boliviano de tenencia de la tierra y producción agropecuaria tiene problemas estructurales para abastecer de alimentos al mercado nacional”. Se exportan commodities (soya, girasol y otros) y se corre el riesgo de ser cada vez más dependientes de las importaciones de alimentos.
Respecto a los datos empíricos presentados en el libro, que reflejan lo sucedido por la aplicación de las dos leyes ya mencionadas, cabe hacer notar que se logra revertir las tierras entregadas por favores políticos, calificadas por los autores como latifundio especulativo. Sin embargo, no se produce una redistribución de la tierra de los agroindustriales hacia los campesinos, estos más bien consolidan sus tierras o están a punto de hacerlo.
Por último, es importante resaltar que uno de los resultados de la Segunda Reforma Agraria es la consolidación de las Tierras Comunitarias de Origen (TCOs) y un segundo impacto es la aparición de “nuevos campesinos ricos”, especialmente en las zonas de colonización y en algunas áreas del oriente y la Amazonía. Lo que explicaría el debilitamiento de la “capacidad revolucionaria” del campesinado, que además está sufriendo por el manejo arbitrario del Fondioc.
El tema de la diferenciación campesina es un asunto novedoso que merece ser estudiado con mayor detenimiento. Igualmente se debería indagar las razones que han conducido al Gobierno del MAS a abrazar los intereses de las elites agrarias, que también son “nuevas”.
Es un libro que incomodará a muchos, a los que promueven el agro-negocio, a los que creen que la Reforma Agraria ya terminó y a los que dejaron de apostar por la equidad en la tenencia de la tierra. Es un texto necesario, que da muchas luces y datos sobre la realidad agraria; además, invita al debate planteando la paralización del proceso de saneamiento en las áreas de expansión de la frontera agrícola.
* El autor es director del CESU-UMSS.