La Fundación Tierra aseguró que se dotó predios a 1.500 comunidades en esa zona, por razones políticas. El Gobierno asegura que hay 913 organizaciones en la región.
Al menos 1.500 comunidades campesinas fueron creadas, desde la actual gestión de Gobierno, para asentarse en el vasto territorio de la región chiquitana. Así lo afirmó ayer el director nacional de Fundación Tierra, Gonzalo Colque, que cuestionó la política de dotación que lleva adelante el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a la que calificó de poco transparente.
Las declaraciones de Colque surgen en medio de un conflicto por la dotación de 130.000 hectáreas a comunidades campesinas en el municipio de San Miguel de Velasco, que es rechazada por autoridades de la comuna y dirigentes cívicos de la Chiquitania y del Comité Cívico Pro Santa Cruz.
En contacto con EL DEBER Radio, Colque señaló que muchos predios asignados a esas comunidades 'pasaron de mano', y que incluso los beneficiaros ni siquiera se asentaron, y que otros alquilan sus tierras dotadas a empresarios.
"Es una entrega (de tierras) poco transparente y tiene una movida política", afirmó Colque.
Los comentarios hicieron eco en las esferas estatales, el viceministro de Tierras, Juan Carlos León, restó importancia a las afirmaciones del titular de la Fundación Tierra. Incluso, corrigió el dato lanzado por Colque, al afirmar que las comunidades asentadas son 913. Admitió que se detectaron algunas irregularidades, pero dijo que se están subsanando, mediante la revisión de la FES (Función Económica y Social), de los predios dotados en la zona. "Nosotros saneamos el 85% de la tierra en el país. Si sabe de algo anormal que nos muestre pruebas", apuntó la autoridad.
Lo mismo pidió Henry León, secretario ejecutivo de la Central Única de Trabajadores Campesinos del municipio de Pailón, que, además, defendió el asentamiento en el municipio de San Miguel.
"No permitiremos que se revierta ningún asentamiento", dijo.
Por otro lado, los dirigentes cívicos levantaron el bloqueo en la ruta Santa Cruz-Puerto Suárez, que mantuvieron por 15 horas en el municipio de Roboré.
Los cívicos decidieron replegarse luego de que fallara el intento de diálogo con el Gobierno.
El alcalde de San Ignacio de Velasco, Moisés Salces, dijo que solicitarán una Asamblea de la Cruceñidad al Comité pro Santa Cruz para plantear un paro cívico con la finalidad de que el Gobierno central comprenda la problemática de tierras en Santa Cruz.